La Ley pretende facilitar la estandarización de la factura electrónica, mejorando su usabilidad en las relaciones B2B y con terceras partes, como las Administraciones Públicas o las entidades del sistema financiero. También se pretende equilibrar las relaciones entre las pequeñas y las grandes empresas en el mercado.

Uno de los problemas que provoca el paulatino crecimiento de las empresas, muy en particular el de las pymes, es la morosidad comercial, conocida como el incumplimiento de una obligación de pago a tiempo. En demasiadas ocasiones se supera el plazo de pago máximo de 60 días para empresas privadas, que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Con el sistema jurídico actual se ha podido comprobar que las grandes empresas cuentan con una posición de fortaleza frente a las pequeñas empresas, ya que las pymes deben hacer frente a la incertidumbre generada por la morosidad y asumir el coste financiero extra que les conlleva. Estas prácticas influyen negativamente sobre su liquidez y por lo tanto sobre sus proyectos, capacidad de inversión y crecimiento, además de la falta de solvencia que les implica.

Aunque la Ley 3/2004 tipifica el retraso de los pagos, se interponen muy pocas denuncias por la posibilidad de perder el proceso judicial por parte de las pymes, ya que deben asumir los costes judiciales. Todo esto conlleva una asimetría de poder de negociación entre clientes y proveedores.

El borrador técnico de la Ley de Creación y Crecimiento especifica los requisitos que deberán cumplir las facturas electrónicas, como por ejemplo la fecha de emisión y la fecha de pago o asegurar la inalterabilidad de la factura una vez emitida. Para incentivar una praxis positiva a la hora de cumplir con los tiempos de pago estipulado se han anunciado bonificaciones para las empresas que los cumplan además de prioridad en el acceso a subvenciones públicas.

La Ley Crea y Crece pretende luchar contra la morosidad comercial, impulsando una cultura responsable. Para conseguirlo la normativa asegurará el cumplimiento de las distintas obligaciones ya estipuladas y así brindar un equilibrio de fuerzas entre grandes y pequeñas empresas.

Este afán por conseguir las mismas oportunidades, independientemente del tamaño de las empresas, se debe a que la gran parte del tejido empresarial del país son pymes, y existe la necesidad de asegurar que no tengan problemas de solvencia a causa de la morosidad para el buen desarrollo económico de todas las empresas.